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El robo de un automóvil provoca la privación de su utilización e impide a su propietario y usuario el cumplimiento de la actividad que realizaba con él, lo que le da derecho a ser indemnizado sin exigirle demostración puntual de tal empleo.

La prueba que prevalece en casos de robo de autos
es la producida en sede judicial frente a cualquier otra rendida privadamente.
El automóvil es considerado un bien destinado al uso para mero disfrute o la realización de tareas remunerativas; por ello la privación de su uso ocasiona un daño resarcible que no necesita ser acreditado, ya que quien tiene y usa un automotor lo hace para llenar una necesidad.

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